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Ley para ajustar tarifas eléctricas

Noticia archivada: 2010-10-25
      Las estrategias del Gobierno para atender las fallas en el servicio eléctrico incluyen ahora el marco legal, por lo que se espera una reforma a la ley que rige la materia para fines de año.

El anuncio fue hecho por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Jesús Ernesto Graterol, quien afirmó que la discusión se realizará el próximo mes y esperan que se apruebe antes que termine el período constitucional del parlamento vigente; a la reunión asistirán la masa laboral de Cadafe, Edelca y Elebol como filiales de Corpoelec, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro; legisladores nacionales y regionales junto a representantes comunales.

El instrumento buscaría, entre otras cosas, solidificar la centralización del servicio eléctrico en una sola corporación dirigida por el Estado venezolano, lo que correspondería al proceso de eliminación de las filiales de Corpoelec y las cajas regionales de Cadafe que se había dilatado hasta diciembre de 2011.

Para el desarrollo del proyecto de Ley se realizaron consultas por estado y que luego fueron recogidas por la instancia parlamentaria. En el caso del estado Bolívar, se supo mediante un comunicado que había un encuentro pautado para el pasado sábado 16 en la sede de Puerto Ordaz.

En el texto referido por la oficina local se apuntaba que a la reunión asistirían la masa laboral de Cadafe, Edelca y Elebol como filiales de Corpoelec, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro; así como legisladores nacionales y regionales junto a representantes comunales.

Francisco Alarcón, Sub-Comisionado de Distribución y Comercialización de Corpoelec Zona Bolívar y directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetraelec) precisó que para esa primera oportunidad “las empresas y entes involucrados, elaborarán y aprobarán una propuesta ... que esté en consonancia y acorde con los tiempos que vivimos”.

Se debe recordar que la industria eléctrica se sometió a un único marco regulatorio desde 1999, con la Ley del Servicio Eléctrico (LSE) previo a este tiempo se había regulado sólo con normas que respondían a una industria parcializada por sectores y que tres años más tarde se modificó como Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE) y que actualmente está en vigencia.

En el proyecto en el cual incluirían las observaciones remitidas por los entes regionales, se plantea que el Estado tendrá dominio completo de las actividades del sistema eléctrico para luego convocar a una segunda discusión del proyecto legislativo.

Si bien las estrategias del Gobierno para palear los problemas eléctricos ha comenzado con la unificación de una sola corporación, los voceros han dejado saber la necesidad de tomar otras acciones como una mayor inversión en los sistemas de distribución y comercialización así como ajustes tarifarios.

Inversión y ajustes

En este sentido Francisco Alarcón, Sub-Comisionado de Distribución y Comercialización de Corpoelec Zona Bolívar y directivo de Fetraelec, comentó en entrevistas a este medio impreso que la labor de ajustes tarifarios era una idea que se mantenía en discusión; y de aplicarse sería según estudios socio económicos a los grupos familiares.

Por su parte el ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez, que las revisiones de las tarifas se estaban considerando con base en las inversiones realizadas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Mientras que el secretario de la comisión de desarrollo social de la Asamblea Nacional, Iván Espinoza, declaró a medios nacionales era necesario la revisión de las tarifas que tienen cerca de seis años sin ser ajustadas, ya que se requieren más recursos para invertir en el sector.

Lo cierto es que cerca de la mitad de los usuarios del servicio -según fuentes oficiales- del estado no cancelan su factura a tiempo y ello afirman influye en las deficiencias y retrasos para atender las frecuentes fallas y apagones.

Legislación municipal

La preparación de las normativas también se está haciendo a nivel municipal, proyecto que lleva adelante la concejala Zuleima Arcila, quien entre otras cosas busca crear mecanismos para sancionar las tomas eléctricas ilegales en áreas como las invasiones.

El cuerpo legal que sería debatido con las comunidades, mediante la participación de las mesas técnicas de energía buscando desarrollar además la sensibilización entre las personas para que eviten conectarse al sistema porque además de robar el servicio, sobrecargar los transformadores arriesgan su seguridad física.

“La ciudadanía al estar consciente de los riesgos a los que se somete y las consecuencias que conlleva para los demás usuarios, deberán buscar y presionar por una respuesta más expedita de los organismos vinculados a la materia”, dijo la concejala.

El incremento en las tomas ilegales es una situación sobre la cual según algunos expertos, el Gobierno había perdido el control y hacían un llamado a que con una mayor vigilancia e inversiones en los sistemas de distribución se podía evitar la sobrecarga.

No obstante, el problema es mucho mayor y se vincula a un crecimiento desorganizado de la ciudad en donde el limitado acceso adquisitivo de las familias a vivir en una zona residencial, les obliga a tomar espacios que no tienen urbanismo y por tanto recurren a más acciones ilegales.

Plan Recuperación y Control de la Deuda (RCD)

Como parte de las actividades comerciales programadas en el marco del Control Obrero, se conoció en un comunicado de prensa que en los próximos días se reforzarán los operativos de cortes, medida amparada en la normativa legal vigente y que da la potestad de suspender el servicio hasta tanto se cancelen las deudas pendiente así como un cargo fijo por reconexión.

La estrategia que es parte del Plan Recuperación y Control de la Deuda (RCD), se aplicará en varias comunidades, la primera de ellas será la urbanización Riberas del Caroní en Puerto Ordaz, en donde desde este lunes hasta el miércoles se desplegará personal de Cadafe ya que la morosidad de los 656 usuarios y usuarias llega a Bs. 990 mil, lo que representa 7.041 facturas pendientes por cancelar.

Fuente: Nueva Prensa de Guayana
 
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